El Ayuntamiento de Huelva ha aprobado la propuesta de ampliación de la declaración como BIC del Recreativo / Ayuntamiento de Huelva
La reciente decisión del Ayuntamiento de Huelva de ampliar la protección del Real Club Recreativo como Bien de Interés Cultural (BIC) ha generado inquietudes sobre su impacto en el proceso de venta del club. La iniciativa, respaldada por PSOE, PP y Vox, y rechazada por Izquierda Unida, no solo busca preservar el patrimonio histórico, sino también incluir las acciones de su Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Este movimiento pretende proteger jurídicamente al Decano frente a posibles riesgos futuros, pero plantea interrogantes sobre cómo afectará las negociaciones en curso.
El responsable de Economía, Francisco Muñoz, explicó que la propuesta será evaluada por la Junta de Andalucía. El objetivo es aumentar la seguridad jurídica del club, incorporando tanto sus acciones como la estructura de la SAD en el marco de protección, algo no previsto en la declaración original de 2015, que centraba la protección en el patrimonio cultural y los trofeos del equipo.
Esta medida llega en un momento delicado para el Recreativo, ya que en enero, de este mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la expropiación del club realizada en 2016, devolviendo la propiedad a Pablo Comas, expresidente del Recreativo, y su empresa Gildoy España. Tras esta decisión, Pablo Comas comenzó las negociaciones para vender sus acciones, inicialmente valoradas en 14 millones de euros. Sin embargo, según adelantó Fran Barbosa en Ser Deportivos Huelva, el exdirigente habría rebajado sus pretensiones a 8 millones, manteniendo un 5% de las acciones.
Este planteamiento choca con las condiciones establecidas por el Ayuntamiento de Huelva, que insiste en que cualquier comprador debe adquirir la totalidad de las acciones para que su propuesta sea aceptada. A pesar de ello, Marcelo Fígoli y 360 Group, quienes han emergido como posibles compradores esta semana, estarían dispuestos a permitir que Comas conserve esa pequeña participación, lo que podría perjudicar al acuerdo con el Ayuntamiento de Huelva.